Ley de Protección Empleo: ¿qué es esta normativa laboral?

Para hacer frente a la crisis económica y de desempleo provocada por la pandemia de COVID-19, el 25 de marzo se ingresó a la Cámara del Senado el proyecto de Ley de Protección al Empleo, normativa laboral que entró en vigencia el 6 de abril de 2020 y que, al 14 de junio, ya había sido invocada por 101.204 empresas.

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Para hacer frente a la crisis económica y de desempleo provocada por la pandemia de COVID-19, el 25 de marzo se ingresó a la Cámara del Senado el proyecto de Ley de Protección al Empleo, normativa laboral que entró en vigencia el 6 de abril de 2020 y que, al 14 de junio, ya había sido invocada por 101.204 empresas. 

Hablamos de una ley clave para el mercado laboral y capital humano, por lo que vale la pena revisar con mayor profundidad sus principales disposiciones:

1. Paralización de actividades por acto o declaración de autoridad

Esta medida se aplica cuando la autoridad sanitaria, o de seguridad, ordena la paralización total o parcial de las actividades. En este caso, la situación del mercado laboral y capital humano tendría los siguientes efectos: 

  • Suspensión temporal contrato de trabajo.
  • Cese temporal de la obligación de prestar servicios, por parte del trabajador.

Mientras dure la suspensión del contrato de trabajo, el empleador tendrá que pagar las cotizaciones previsionales y de salud (excepto las establecidas en la ley de accidentes del trabajo). Por su parte, los colaboradores regidos por el Código del Trabajo podrán acceder a su remuneración mediante el Seguro de Cesantía. Para ello deben contar con: 

  • Tres cotizaciones continuas en los tres meses anteriores a la declaración de paralización de actividades.
  • Seis cotizaciones -continuas o no- durante los últimos doce meses.

Como beneficio adicional, la normativa laboral nos permite -como empleadores- pagar la cotización de pensiones dentro los doce meses posteriores a la vigencia de la ordenanza, sin que ello implique multas, intereses ni reajustes.

2. Pacto individual o colectivo de suspensión temporal contrato de trabajo

Para mitigar aún más los problemas del mercado laboral, la norma faculta a los empleadores para que pacten con los trabajadores afiliados al seguro de cesantía (acuerdo individual), o los representantes de sindicato (acuerdo colectivo) la suspensión del contrato por un tiempo determinado.

Al igual que en el punto anterior, en este caso los trabajadores se acogen al Seguro de Cesantía para acceder a su remuneración, la cual es del 70% del total en el primer mes

3. Pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo

En línea con la difícil situación del mercado laboral y capital humano, esta medida permite a los empleadores pactar la reducción de la jornada de trabajo hasta en un 50%. Por supuesto, la empresa tiene que continuar pagando la remuneración y las cotizaciones previsionales de cada empleado, de forma proporcional a la jornada pactada.

Solo pueden suscribir este pacto los trabajadores que: 

  • Cuenten con un contrato indefinido y registren diez cotizaciones -continuas o discontinuas- con el mismo empleador.
  • Tengan contrato a plazo definido, por obra, servicio o trabajo determinado, que registren cinco cotizaciones, sean continuas o no.

Por el lado de los empleadores, solo pueden suscribir el acuerdo quienes -producto de la crisis sanitaria- estén en una de las siguientes situaciones: 

  • Contribuyentes del IVA que registren una disminución del 20% en sus ventas en comparación con el promedio, contado en el mismo período de tres meses del ejercicio anterior.
  • Estar en proceso de reorganización.
  • Hallarse en procedimiento de asesoría económica de insolvencia.
  • En necesidad de reducir o distribuir sus jornadas, para poder continuar operaciones o proteger la salud de sus trabajadores.

Cabe señalar que, en este caso, los trabajadores recibirán un complemento monetario con cargo a su cuenta individual del Seguro de Cesantía. Una vez agotado este fondo, dicho complemento debe ser asumido por el Fondo de Cesantía Solidario.

 

Pese a lo anterior, según un sondeo del Banco Central, 47% de las empresas con trabajadores suspendidos mediante la Ley de Protección del Empleo aseguran que los despedirán finalmente, dando cuenta de un escenario que requiere de medidas que protejan de manera efectiva al principal elemento de toda organización: el capital humano.

Ante los problemas del mercado laboral causados por la actual crisis sanitaria, este tipo de medidas permiten a las empresas mantener su continuidad operativa y resguardar los puestos de trabajo, una tarea en la que la digitalización constituye un factor clave.